Reportaje
El 30,7% de la población migrante es venezolana
Crisis humanitaria en Chile: la vulnerabilidad de inmigrar y vivir en calidad de irregular para los venezolanos
Vicente Bustamante, María José Faúndez y Michelle Ortega
Dentro de los últimos tres años ha habido un gran aumento de ingresos por pasos no habilitados suscitados por la situación crítica que se vive en el país vecino, pasando de 8.048 en 2019 a 20.875 personas hasta junio de 2021, de los que 15.851 corresponden a venezolanos que llegaron a territorio nacional buscando una vida más digna. Esto, en un contexto de crisis sanitaria, cierre y militarización de la frontera y medidas restrictivas del Gobierno que han precarizado tanto la forma de entrar, como también la residencia en el país para quienes estén sin sus documentos normalizados.
Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) en la actualidad hay 5.914.519 de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, de los que 4.868.246 se encuentran en América Latina y el Caribe. Chile es el cuarto país con mayores recepciones después de Colombia, Perú y Ecuador, que ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, lo que evidencia hasta dónde se extienden los efectos de la crisis social, política y económica de Venezuela y que repercute principalmente en el desplazamiento de su población.
De acuerdo al “Anuario 2020” del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) la población migrante en Chile representa un 7,5% del total de habitantes en el país, lo que corresponde a 1.462.103 personas, de las que un 30,7% son venezolanos, siendo éste el grupo extranjero más grande. Les siguen peruanos (15,8%) y los haitianos (12,5%), conforme a los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto es debido a que dentro de los últimos tres años hubo un crecimiento de la población venezolana en Chile, pasando de 371.163 a fines de 2019 a 448.138 en octubre de 2021, según la R4V.
Si bien la migración aumentó, las formas de hacerlo cambiaron. Las cifras del SJM indican que desde 2019 hasta la fecha hay un número sobresaliente de personas que han ingresado por pasos no habilitados. Así, en 2019 cruzaron 8.048, en 2020 se dobló la cantidad a 16.848 y hasta junio de 2021 han llegado 20.876 personas por vías irregulares, de las que 15.851 son venezolanos, siendo esta la cifra más alta de los últimos siete años. Uno de los factores principales de este incremento es la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, el cierre de fronteras y las medidas restrictivas del Gobierno, que no sólo hicieron más vulnerable la forma de emigrar a Chile, sino que también precarizaron la forma de vivir de las personas que se encuentran en una condición de irregularidad.
En este sentido la Coordinadora del Proyecto de Asistencia Legal a Personas Solicitantes de Asilo, Refugiadas y Personas Venezolanas en Movilidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Marjorie Dinamarca compartió la experiencia de algunos de sus usuarios: “en algunos casos vienen hace meses caminando o tomando buses por tierra desde Venezuela, pasando por distintas fronteras como por ejemplo la de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador”. También mencionó que “todo el cruce es difícil, y entrar es complicado también” y que “ahora la mayoría lo hace por la frontera Bolivia-Chile, Pisiga-Colchane” en donde debido a que es altiplano “la altura, el frío en la noche, todo el calor en el día y las largas caminatas obstaculizan bastante la llegada a Chile”. Es tal el nivel de riesgo que sólo en el mes de octubre se registraron cinco decesos de personas migrantes, alcanzando hasta la fecha una cifra de 17 personas, 9 de ellas de procedencia venezolana, que han fallecido en la búsqueda de conseguir una vida más digna.
No sólo la ruta presenta múltiples peligros cuando las personas venezolanas emprenden su rumbo hacia Chile, sino que también los medios que escogen para llegar. Sobre esto, Dinamarca comentó que “hay muchos que recibieron ofertas de ciertas personas que les aseguraron traerlos a Chile por tal cantidad de dinero” y que “es ahí en donde radica mucho peligro, porque generalmente esas ofertas son de personas que se dedican al tráfico de migrantes, cuestión que en este país es ilegal. Estos son los famosos ‘coyotes’ ”.
Es más, según el Informe de Estadística de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las causas por tráfico ilícito de migrantes que se registraron entre enero y septiembre de 2021 aumentó en un 90% en comparación a las de 2020 en el mismo período. Pues en el año pasado se contabilizaron sólo cuatro, de las que se formalizaron dos, y en este año se han computado 36, de las que 26 han sido formalizadas. Es la Fiscalía Local de Calama la que concentra los mayores registros con 33 ingresos de causa, y ante esto el Vocero y Abogado de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso Valdés, dijo que “son delitos complejos y de carácter internacional”, además de que “seguiremos trabajando en incrementar la persecución penal de todos los imputados involucrados, cuyos casos más graves la Corte de Apelaciones ha confirmado la prisión preventiva”.
Y es que desde el comienzo de la crisis sanitaria acceder a Chile no ha sido fácil, ya que el país cerró aún más sus puertas y disminuyó su ayuda ante la urgencia de la población venezolana. Si bien según la información recopilada por el SJM en 2018 se formalizaron 5.727 solicitudes de refugio y se rechazaron 257, para el 2020 hubo un cambio drástico ya que las solicitudes formalizadas bajaron a 1.629, mientras que las rechazadas subieron a 2.057 y de éstas un 38% corresponde a venezolanos. Además, sólo se reconoció a siete personas como refugiadas, de las que tres son venezolanas. En el caso de 2021, hasta junio hay 5.862 solicitudes de refugio pendientes y se han concedido siete visas de refugio de las que cuatro corresponden a venezolanos, de acuerdo a los datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migración. Por otra parte, la cantidad de personas que ingresaron a Chile declarando que pedirán la visa de refugio también descendió desde el 2020 hasta la fecha, puesto que mientras en 2019 hubo 16.933, en 2020 bajó a 10 y hasta el primer semestre de este año a sólo tres, y del total de 16.946 solicitudes el 99% provienen de venezolanos.
Respecto al comportamiento del gobierno sobre las visas de refugiados la Vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Catalina Bosch, aseveró que “Chile se comprometió con los temas de refugio y no cumplió. En medio de la pandemia la Contraloría hizo un llamado de atención al Departamento de Extranjería y Migración porque justamente no estaba recibiendo ni actuando en términos procedimentales en solicitudes de refugio” y agregó que “en el caso de las personas que están en situación de irregularidad y que califican para ello también se les debe regularizar su situación, pues son medidas urgentes e importantísimas”. Sobre la cantidad de solicitudes de refugio rechazadas mencionó que “es muy grave que el Estado reciba una gran cantidad de solicitudes y no de respuestas a éstas o que las respuestas sean tan insuficientes, pues quienes las solicitan son personas que se ven amenazadas en distintas áreas de su vida y que bajo situaciones muy extremas piden asilo a un Estado”.
Los riesgos de vivir sin los papeles migratorios regularizados en Chile
Tanto el entrar por pasos no habilitados como el residir sin la documentación migratoria regularizada pueden implicar ciertos riesgos, como las expulsiones. De acuerdo a los números recopilados por el SJM entre 2020 y 2021 el Ministerio del Interior realizó 7.476 órdenes de expulsión de carácter administrativo según el Decreto Ley N° 1.094, que entre otros motivos estipulados, se puede determinar por el ingreso clandestino o la residencia sin regularizar. De esta cantidad sólo 417 se ejecutaron, puesto según el reportaje de la Unidad de Investigación y Datos de LT: “Expulsiones de migrantes: Los 400 fallos de la Suprema que acorralan al gobierno”, entre 2018 y el primer semestre del 2021 la Corte Suprema acogió 400 de los 404 recursos de amparo que representan a más de 700 migrantes, a favor de ellos y en contra del Ministerio del Interior.
En cuanto a los ingresos por vías irregulares y las expulsiones Marjorie Dinamarca opinó que “no hay una respuesta humanitaria a una realidad que está pasando y que no se puede detener, porque quienes lo hacen tienen razones y motivos para hacerlo”. También expresó que para el Proyecto de Asistencia Legal “todas las expulsiones han sido ilegales y el discurso gubernamental no ha sido el correcto, pues lo que debería ocurrir es que se haga un enfoque de Derechos Humanos (DD.HH) y un enfoque humanitario, porque muchos de estos casos se tratan de personas que están huyendo de sus países, de conflictos sociales o de situaciones y lugares en donde claramente no tenían las condiciones mínimas para vivir”. Por su parte, Catalina Bosch desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes opinó que las expulsiones “son una medida injusta, ineficaz, inhumana e ineficiente” además de “ser absolutamente contraria a derechos, como es el caso de las expulsiones a personas cuya única falta fue ingresar por pasos no habilitados”.
Por otro lado, vivir en Chile sin la situación migratoria normalizada “tiene muchas consecuencias negativas como las dificultades al acceso del empleo regular, lo que muchas veces les lleva a acceder a trabajos que vulneran los DD.HH de las trabajadoras y los trabajadores”, afirmó Bosch. Esto se ha agudizado con la pandemia y se refleja en los registros del informe del SJM que demuestran la baja tasa de ocupación informal de migrantes en 2020, llegando a un mínimo de 21,4% entre julio y septiembre y a un máximo de 27,8% entre noviembre y diciembre, mientras que entre enero y marzo del 2021 bajó a un 26,6%.
Incluso, el “Informe de Caracterización Sociolaboral de la Población Migrante y Refugiada Venezolana en Chile” que el pasado 27 de octubre publicó el Centro Nacional de Estudios Migratorios (Cenem) de la Universidad de Talca que realizó una encuesta entre agosto y septiembre de este año también evidencia las vulnerabilidades a las que están expuestos ya que un 50,1% de los encuestados ha tenido obstáculos en la inserción laboral por el vencimiento de las visas y/o carnet de identidad y un 49% ha tenido problemas por estar en situación de irregularidad debido al ingreso por pasos no habilitados y además un 76,7% de los que llevan menos de un año residiendo en el país dijo no tener un contrato escrito y tener una relación laboral informal. En cuanto a las remuneraciones el estudio saca a la luz los bajos sueldos que reciben los venezolanos que aún no tienen sus papeles regularizados, pues un 70,1% de ellos declaró recibir un ingreso menos o igual a 320.000 y un 20,3% uno entre 320.001 y 380.000, mientras que el 58,3% de los refugiados y/o solicitantes de refugio reciben un ingreso mensual igual o menor a 320.000 y un 24,7% entre 320.001 y 380.000. Esto evidencia la precariedad laboral a la que se ven sometidos, lo que se reafirma con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) que registró que al 2021 un 17% de la población migrante vive es un estatus socioeconómico de pobreza por ingresos.
Asimismo, este bajo nivel de ingresos a los que están expuestos adicionalmente influye en la dificultad del “acceso a una vivienda digna” como Catalina Bosch comentó, y que se intensificó con la pandemia, pues muchas familias inmigrantes se encuentran viviendo en campamentos. El Centro de Estudios Socioeconómicos (CES) registró un crecimiento proporcional de campamentos de personas migrantes respecto a la cantidad que hay a nivel nacional, puesto que en 2019 habían 47.050 familias viviendo en campamentos en el país de los que un 30,3% correspondían a familias migrantes y entre 2020 y 2021 de las 81.646 familias que viven en campamentos un 30,6% corresponden a familias migrantes, y las tres regiones con mayor déficit habitacional de familias migrantes son la de Antofagasta con un 66.68%, la Metropolitana con un 56,84% y la de Arica y Parinacota con un 43,52%. Estos lugares carecen de las condiciones mínimas para poder subsistir ya que de los 953 campamentos que hay a lo largo de Chile sólo un 9,86% accede al agua de manera formal, un 19,94% tiene un medidor propio y sólo un 33,82% tiene alumbrado público.
El Estado chileno, por su parte, tampoco ha ayudado con el problema habitacional y económico de la población migrante. Pues según las cifras del SJM de los 6.053 migrantes que postularon a los subsidios de adquisición de vivienda definitiva en 2019, se adjudicaron 1.748 y se pagaron sólo 25, mientras que de las 1.944 postulaciones de subsidios de arriendo que se hicieron en 2020, se adjudicaron 1.105 y sólo se pagaron 209. Además, el Informe sobre la “Situación inmigrante durante la pandemia por COVID-19” que el Cenem realizó entre junio y agosto del 2020 mostró que el 76,7% de los encuestados sentía que no alcanzaban sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas (como la luz, el agua, el alimento o el arriendo), un 84,6% sentía que no tendría ahorros para costear sus necesidades en los próximos seis meses y un 69,6% no recibió ningún tipo de ayuda del gobierno para sortear la crisis sanitaria. Esto último llama la atención considerando que en 2019 la población migrante aportó 397.410 millones de pesos al fisco por concepto de impuestos directos y pagos de multas.
Gobierno de Piñera y su mal manejo de la inmigración
Han pasado más de dos años desde que el Presidente Sebastián Piñera viajó a Cúcuta, capital colombiana que se encuentra en la frontera con Venezuela, para expresar abiertamente su compromiso y apoyo a la comunidad venezolana: “en este siglo XXI la defensa de la libertad, la democracia y los DD.HH no reconoce fronteras ni límites (…) hemos venido a aportar a la ayuda humanitaria que con tanta urgencia y desesperación necesita el pueblo venezolano”. Sin embargo, después de todo este tiempo las acciones del gobierno de Piñera han demostrado lo opuesto a una acción humanitaria. El cierre de fronteras, las expulsiones masivas y la gran cantidad de rechazos a las solicitudes de refugio han provocado una crisis humanitaria en Chile. Así lo afirmó la Académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ximena Póo: “esta es una crisis humanitaria provocada por el Estado chileno y sobre todo por este gobierno que en relación con Venezuela hizo un llamado con fines electorales y políticos hace un tiempo a las y los venezolanos enfatizando en que las puertas siempre estarían abiertas”.
Las puertas se cerraron y los ingresos por pasos no habilitados aumentaron, por lo que el Gobierno decidió promulgar una nueva “Ley de Migración y Extranjería'' (Ley NÚM.21325) como medida de control. Sobre los aspectos legales de ésta la Asesora Jurídica de la Fundación Scalabrini, Lissette Bravo, dijo que “la nueva ley de migraciones tiene tanto aspectos positivos como negativos” y que “dentro los primeros está la visa para mujeres situación de especial protección, la reunificación y el proceso de regularización migratoria que logró que muchas personas pudiesen postular a una visa temporaria”, mientras que dentro de los aspectos negativos está el que “la ley no contempla un mecanismo de regularización específico para las personas que hayan ingresado por pasos no habilitados, salvo determinadas excepciones”. Sobre la creación de medidas, dijo que “los aspectos relevantes que siempre hay que considerar es el respeto a los DD.HH, el incentivar la regularidad de la población migrante y considerar la realidad económica y social de la población”.
Por su parte, Ximena Póo sostuvo que “aunque la Nueva Ley de Migración tiene sus diferencias con la de 1975 en términos de que fue aprobada en democracia y que de alguna manera se debe relacionar con los tratados internacionales que debe honrar Chile, es restrictiva porque no permite el cambio de estatus migratorio de la o el migrante en el territorio internacional, lo que ya es un gran problema”, también agregó que “sigue manteniendo el orden de la migración y de los procesos migratorios en el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y no es un Ministerio de Seguridad Social” y que “esta ley es una máquina de irregularidad, lo que permite que comiencen a surgir con mayor fuerza las organizaciones de trata de personas, además no es una ley que promueva el refugio ni un sistema administrativo eficiente para aplicar el cumplimiento de la ley con enfoque de derecho, porque no es una ley con enfoque de derechos”. En la misma línea, Marjorie Dinamarca expresó que “para nada parece ser una solución, pues no solucionará la crisis nortina ni la irregularidad en la migración”.
Una de las propuestas que más han compartido distintas organizaciones pro migrantes es la posibilidad de establecer una mesa de diálogo entre éstas y el Gobierno para crear soluciones de manera conjunta y con enfoque de derechos humanos, de manera que éstas sean una ayuda y no un obstáculo para la población migrante. Pero no ha sido así. Póo comentó que “no han sabido trabajar con las acciones de migrantes y pro-migrantes al establecer una mesa de diálogo en que se pueda trabajar esta crisis humanitaria”. En el caso de las personas que ingresan por pasos no habilitados, Catalina Bosch reclamó que dentro de las medidas de recepción “no se contempló el que las personas pudieran llegar a algún albergue, hacer cuarentenas y exámenes PCR, además entraron personas por largo tiempo sin ningún control y de existir alguno se aplicó de manera tardía”.
Otra solución que al parecer el Gobierno tampoco ha tomado es la colaboración a nivel internacional para poder abordar a nivel regional los temas de migración. Es por ello que la Académica de la Universidad de Chile criticó el actuar del Estado puesto que “no ha sabido trabajar con organismo internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización Internacional de Migraciones (OIM)” y agregó que éste “no tiene infraestructuras ni funcionarios públicos adecuados, sólo han militarizado la migración, sobre todo en las fronteras”. Dinamarca, también se refirió al tema y sostuvo que “las organizaciones internacionales ya realizan acciones más concretas, pero el problema radica en que no pueden incidir en un país sin que el Gobierno se los permita(…) Acá tenemos por ejemplo a la OIM, ACNUR y distintas oficinas de las Naciones Unidas (NU) que pueden proponer cosas y hacer declaraciones, pero la ejecución de soluciones concretas corresponde al Gobierno y ahí está el problema, porque para solucionar esto deberían hablar en una mesa los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, organizaciones de migrantes y representantes de la ciudad y debería realizarse de forma colaborativa”.
Aún así, desde las distintas organizaciones nacionales pro-migrantes instan al Gobierno a firmar el Pacto Mundial de Migración para la Migración Segura, Ordenada y Regular o también conocido como Pacto de Marrakech. Tal como Catalina Bosch desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes manifestó: “hacemos un llamado al Estado de Chile a que se adscriba al Pacto Mundial de Migración porque pensamos que es desde una perspectiva global, regional e integrada con los otros países de la región que son emisores o receptores de migrantes que se debe dar solución a esto, además deben ser visualizados junto a las temáticas de cambio climático, económicas y sociales de Latinoamérica, y deben realizarse de acuerdo a la convención de tratados de DD.HH y migración que ya existen”. Pues, tal como aseveró Ximena Póo, “migrar es un derecho, es parte de la vida y de los procesos que está viviendo el mundo actualmente y Chile no es ajeno al mundo. La migración no se va a detener. La desesperación de las personas para huir a lugares en donde van a tener mejor vida no va a acabar jamás”.
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